Para superar la crisis la AN debe aprobar Ley de Acceso a Información

(Caracas, 11.01.2015) ¿Dónde están los 20 mil millones que se “extraviaron” de Cadivi? ¿Qué paso con los recursos depositados en el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden)? ¿Por qué escasean los alimentos y medicinas, pese a los millones invertidos por el Gobierno? Hasta el momento, los venezolanos desconocen las respuestas a estas y otras preguntas. Pero ahora, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de cambiar esta realidad con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Toda la información en poder de cualquier órgano del estado es propiedad de los ciudadanos, por ello debe estar disponible sin necesidad de declarar interés legítimo o explicar para qué se requiere la información. La clasificación de información pública como reservada debe ser excepcional, y la publicación ser la norma, no puede ser decisión de un funcionario, si no responde a unos claros y concretos criterios de excepción expresados previamente en una ley, pues el secreto es una limitación de un derecho humano.

Venezuela se encuentra entre los tres únicos países de América Latina que no cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La opacidad se ha convertido en política de Estado. Una muestra de ello fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inadmisible la demanda contra el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, interpuesta por Transparencia Venezuela, por no publicar datos de importancia vital para la economía del país desde diciembre del 2014.

Para combatir el secretismo y la corrupción, Transparencia Venezuela pone en manos de los nuevos legisladores el proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, con miras a facilitar el control ciudadano de la gestión pública, por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte las instituciones del Estado, autoridades y funcionarios públicos que ejerzan el poder público, y las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios y otras actividades con asignaciones públicas.
Para la implementación de medidas efectivas que permitan palear la crisis económica que ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ciudadana y el bienestar de millones venezolanos, es fundamental tener acceso a los datos reales de la situación económica del país como: inflación, Balance de Pago, Producto Interno Bruto (PIB) y escasez.

Solo en 2015, Transparencia Venezuela presentó 51 solicitudes de información a distintas dependencias del Gobierno Nacional, de las cuales solo una obtuvo respuesta en correspondencia con los parámetros de calidad de información: que sea cierta, actual, precisa y completa.

El ejercicio del derecho al acceso a la información es esencial en la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia de la gestión gubernamental, ya que constituye el instrumento sin el cual no se podría mantener a los poderes del estado bajo el control crítico de los ciudadanos.

La Asamblea Nacional tiene desde el 2011 un anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso en la Comisión de Contraloría, que quedó engavetada cuando entró presidirla Pedro Carreño.

Revise aquí el proyecto de ley

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