Falsa contraloría social

 

El Estado viola el derecho de acceso a la información pública en Venezuela. La contraloría social quedó en puro papel. En la práctica la cosa pública parece ser una caja negra cada vez más alejada de lo auditable por la ciudadanía. En 10 años se han aprobado 22 leyes que han enturbiado un derecho consagrado en la Constitución.

Como pura retórica ha promocionado el Gobierno nacional el concepto de contraloría social. Para ser vigilantes de lo que hace el Estado hay que conocer qué hace el Estado, pero en el secretismo parecen manejarse los poderes públicos del país.

La Coalición ProAcceso, movimiento venezolano por el derecho a la información pública, aseguró en su último informe que el país no ha dado un solo paso a favor del libre acceso de la información pública pues lo que ha hecho es promover la opacidad a través de marcos legales, en fachada constitucionales.

La Carta Magna sienta las bases de la democracia participativa y protagónica, pero la revolución bolivariana se encarga de usarlas y burlarlas a su antojo. La Constitución deja por sentado en su artículo 66 que el venezolano tiene derecho “a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”.

Además, se explica que el mismo Estado y la sociedad deben ofrecer las condiciones favorables para que esto ocurra. El artículo 51 también establece que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”.

Sin embargo, desde 2001 hasta 2012 se han aprobado 22 leyes, 16 en la Asamblea Nacional y 6 por decretos presidenciales, que ponen en manos de los funcionarios la potestad de entregar o no la información solicitada, así como también vigilar aquella que ha sido revelada. Entre ellas, resalta la creación del Centro de Estudios Situacionales de la Nación y la Normativa de Clasificación y de Tratamiento de la Información en la Administración Pública.

NADIE HABLA POR MIEDO

La contraloría social, tal como la ha pintado el propio presidente Chávez, es entendida como el derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se verifiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, de manera que se prevenga la comisión de actos de corrupción.

Provea hace unos días, a propósito de la entrega de un informe que evaluó el impacto de la Gran Misión Vivienda a un año de su creación, informó lo difícil que fue acceder a la información oficial del Ministerio de Vivienda, para conocer el listado de los beneficiados, costos e inversión. Las solicitudes institucionales para contar con la memoria y cuenta 2011 nunca fueron respondidas, y el contenido quedó a los buenos oficios de un diputado de la AN.

A ProAcceso no le queda duda que existen barreras generadas por los poderes públicos nacionales que impiden o limitan la posibilidad de que los ciudadanos conozcan la actuación de lo público.

Y, por efecto de la intimidación, tal como lo señala Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, también se ha instalado en la actuación de ciudadanos, organizaciones y empresas la autocensura por temor a represalias que impidan gozar un beneficio social, permisos, dólares de Cadivi, ataques, expropiaciones, multas o suspensiones.

El hecho de que el sistema de justicia venezolano se haya convertido en un apéndice del Ejecutivo nacional hace cada vez más difícil obtener una sentencia que exija a la administración pública otorgar información. En los 11 casos en los que organizaciones de la Coalición llegaron hasta los tribunales para demandar el derecho a la información oficial se obtuvieron sentencias negativas al solicitante.

Fuente: Tal Cual

Publicado en: Noticia