Marco legal venezolano

Venezuela no cuenta con una ley o decreto que regule el derecho de AIP. Solo se cuenta con algunas disposiciones generales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El Artículo 28 establece que toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

El artículo 57 prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades y el 58 mantiene que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. En cuanto a lo anterior, el Estado es responsable, según el Artículo 108 de garantizar servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática que permitan el acceso universal a la información.

De igual forma el artículo 143 refiere que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

El derecho de petición también está consagrado constitucionalmente a través del Artículo 51 de la CRBV como mecanismo para acceder a la información pública. Así, se establece que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.

Existen también leyes administrativas que lo consagran como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) que establece en su Artículo 2: “(…) toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa” y, en su Artículo 5: “(…) a falta de disposición expresa, deberán ser resueltas dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos” Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo. También instituye ésta Ley en su Artículo 3: “(…) respecto a los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración pública, conforme a la mencionada ley, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran. Los interesados podrán recurrir (recurso jerárquico), ante el superior jerárquico inmediato, del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo, en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto. Dicho recurso deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los quince (15) días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, podrá imponer una sanción al funcionario que omitió la entrega de la información”

En el Artículo 45 de la referida ley se prohíbe expresamente a los funcionarios del registro encargados de recibir la documentación, negarse recibir ésta. Además, advertirán a los interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen en la misma.

También, en la Ley Orgánica de Administración Pública, mantiene en su Artículo 9 que los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los particulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.

En caso de que un funcionario público o funcionaria pública se abstenga de recibir las representaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.
Las únicas excepciones que establece la normativa venezolana están referidas en el Artículo 325 de la Constitución, el cual dispone como información reservada y clasificada por el Ejecutivo Nacional, aquella que esté relacionada con planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación. No obstante, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) creado por un decreto presidencial venezolano (N°458) el 7 de Octubre del año 2013, otorga en su Artículo 8.7 al presidente o presidenta de dicho órgano desconcentrado el poder de “(…) declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia…”.

Además, fue aprobada el 21 de diciembre de 2010 la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública la cual clasifica en su Artículo 13, la información en cuatro escalas: 1. Estrictamente confidencial; 2. Confidencial; 3. De uso interno; 4. De Uso Público. Sin embargo, ninguna de las opciones define el derecho al libre acceso a la información, pues incluso la clasificación “De uso público” requiere, según el Artículo 17 de la misma normativa: “(…) Parágrafo Único: Toda información generada por la institución, no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la Unidad Responsable de la Imagen Institucional o de la Máxima Autoridad de la Institución.”

Por otro lado, existen algunas legislaciones de transparencia y acceso a la información pública aprobadas en algunos estados (provincias) y municipios de Venezuela. Tal es el caso de los estados Miranda, Nueva Esparta, Lara y Anzoátegui. De la misma manera algunos municipios han aprobado ordenanzas, entre ellos se encuentran los municipios San Diego, Estado Carabobo; Baruta y Los Salias, Estado Miranda; Campo Elías, Estado Mérida; y Maneiro, Estado Nueva Esparta. Estas normativas son en términos generales bastante completas y contienen regulaciones sobre las sanciones a aplicar a los funcionarios públicos que se abstengan de dar la información pública, estándares para publicación proactiva de la información en las páginas web gubernamentales, normas para la reserva de información, y el tratamiento de las peticiones, entre otras.

En Venezuela, al no contar con una Ley de Acceso a la Información Pública, como se ha mencionado, el derecho se refleja en normas genéricas e insuficientes. No está definido el alcance del acceso a la información, es decir las implicaciones o contenido del derecho; no hay claridad sobre cuál es el organismo público responsable de garantizar el derecho y no hay órgano promotor del derecho a saber.

La legislación venezolana en materia de acceso a la información concede a la máxima autoridad jerárquica de la administración pública la potestad de definir la clasificación de documentos como confidenciales. No se establece el principio de máxima publicidad en el marco legal relacionado con el acceso a la información. La opacidad es la norma tanto en la teoría como en la práctica ya que no se mantiene la aplicabilidad favorable por parte de quien solicita la información. Estos parámetros aún no son conocidos ni identificados en la mayoría de las instituciones públicas venezolanas.